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En el 2010, en el partido de Avellaneda, no sólo había comenzado a construirse un enorme complejo de edificios llamado ‘‘Estrella del Sur’’, sino también la ilusión y alegría de muchas familias. Aquellas torres que resaltaban sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 800, prometían lujos y un amplio espacio donde vivir de manera cómoda y tranquila. Pero esta ilusión no duró mucho tiempo.

 

Las 4 torres de Avellaneda casi pegadas a las vías del Ferrocarril Roca y cerca de la cancha de Independiente, que albergarían 924 departamentos emplazados en 26 pisos, quedaron como un esqueleto vacío aunque lleno de historias desechas por contar, y de sueños inconclusos. Aquellos edificios grandes y altos que ocupan un predio de 13.194.95 mts2 (casi una hectárea y media), quedaron grises, al igual que los corazones de sus presuntos dueños.

 

Todo ocurrió en agosto del año 2009 cuando se rubricó un contrato entre las distintas partes asociadas: Bainter Inversiones Inmobiliarias S.A. en calidad de Fiduciante Enajenante; Círculo Inmobiliario Emprendimientos S.A. en calidad de Fiduciante Originario y Bapro Mandatos y Negocios S.A. en calidad de fiduciarios. Aquellas empresas fueron las que luego dejarían en la calle y con sueños rotos a más de 900 familias

 

Todos ellos eran integrantes del fideicomiso Estrellas del Sur, junto con los compradores, quienes habían firmado en calidad de beneficiarios adherentes. Cuando se decidió efectuar la compra, las distintas partes (compradores, constructoras y los encargados de la financiación) firmaron el contrato en el cual quedaban establecidas pautas a seguir. En ellos,  se vieron incluidos los tiempos de entrega de las unidades, que estipulaban la entrega cuatro años después, precisamente en el 2013.

 

Cuando empezó el conflicto

Para hacer más atractiva la oferta de compra de aquellos vistosos y elegantes edificios de la avenida Yrigoyen, los encargados del condominio realizaron una subvaluación de las propiedades para venderlas a menor valor. A través de la subvaluación del 20%, con el tiempo no sólo incrementaron los costos sino también las conductas de quienes llevaban adelante el emprendimiento. Por eso, debido a los problemas de financiamiento para continuar construyendo, la obra estuvo detenida durante varios meses.

Para el año 2011 la obra se había quedado sin financiamiento por parte de Bapro Mandatos y Negocios, perteneciente al Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual debía garantizar el dinero para completar la obra.

 

Allí es cuando un nuevo conflicto enmascarado bajo el nombre de ‘‘nuevo proceso de liquidación’’ había comenzado. Para 2017 el grupo a cargo de la construcción les ofreció a los compradores la creación de un fideicomiso, en el cual los propietarios podían aportar $350.000, en una cuenta separada de la de la obra, llamada “Cuenta Garantía” para finalizar la construcción de una de las torres. Los vecinos explicaron que inicialmente tenían reservados departamentos en las diferentes torres, pero a partir de esta reorganización se les había ofrecido a la mayoría, una propiedad en la torre IV que estaría finalizada en 12 meses.

 

Entre el 5 y el 12 de Julio de 2017 Claudia Martínez, una de los damnificados, efectuó tres pagos por un total de $250.000. El 5 de julio realizó una transferencia vía cajero automático por $50.000, y los días 7 y 12 efectuó dos transferencias bancarias por un total de $100.000 cada una. Además, se comprometió a abonar un monto diferencia a la cuota mensual para llegar a los $350.000.

 

Cuando se constató que esta nueva propuesta no se pudo llevar a cabo, los montos depositados no fueron abonados a los compradores, y la obra nunca se reanudó. Es así como continuó la estafa a más de 900 familias cuyos propietarios habían invertido en el condominio.

 

Aquella obra faraónica a medio terminar de edificios grises con múltiples ventanas que prometían una excelente vista, están situados sobre un amplio terreno donde proyectaba construir extensos jardines con espacios verdes, 3 piscinas, un gimnasio, saunas, confiterías y hasta un shopping. 

 

Cómo continuó el caso

 

Claudia sostuvo: ‘‘Ni uno de todos los adherentes que somos, recibió algún préstamo ni un subsidio de parte de ningún responsable. Y agregó: ‘‘Cuando ocurrió el stand by de las obras, los encargados no nos comunicaron nada a nosotros siendo los futuros propietarios, a pesar de que veníamos abonando las cuotas mensualmente. Pero llegó el momento en el que la mentira no se pudo sostener más’’. Según los recibos que mostró, ella mantuvo sus pagos al día durante 10 años.

 

Además los vecinos explicaron que así como hubo gente que cumplía con las cuotas al día y aunque otros estaban con dudas e incertidumbre por saber qué pasaría, aún así mantuvieron la ilusión hasta último momento de que este conflicto se pudiera solucionar. Entonces a partir de allí, viendo que la situación nunca progresó, comenzaron los reclamos.

 

‘‘Estamos muy dolidos por la situación, y llenos de bronca por la inoperancia de todos los que llevaban a cabo este negocio. Quisieron ver si podían zafar de toda esta situación, inventando nuevos métodos de compra y otras opciones, no quisieron contar nada, y al final no salió como lo esperaban. Y así salimos todos perjudicados’’, sostuvo indignado Leandro Gómez, otro de los daminificados.

 

De esa forma, los vecinos presentaron durante los últimos años cartas de reclamos a la justicia, además de que el único medio para comunicarse con los responsables del proyecto fue vía mail. Pero de todas formas, no recibieron ni siquiera respuestas de parte de ninguno de los actores involucrados.  Por lo cual, no se cumplió con lo estipulado por el artículo N°8 Bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

 

Según evidencias presentadas por otra entrevistada, para 2018 la mayoría de los clientes habían invertido en este proyecto entre US$120.00 y US$140.000. Si la justicia hubiese rematado el inmueble en 15 millones de dólares, lo que le correspondería a cada persona ascendería a la suma de US$20.000. Todo este dinero invertido, por ende,  nunca les fue devuelto. Además, según los artículos N°177 y 178 del Código Penal en la sección ‘‘Estafas’’, los responsables de las quiebras deberían ser penados por la ley, lo que no ocurrió. 

 

¿En qué quedó todo?

 

Aunque se establecía que las unidades debían ser entregadas en 48 meses post firma de los propios contratos y que debían estar terminadas para el año 2013, eso no sucedió. En el 2018 la justicia avaló la quiebra de la sociedad y estableció el remate de la propiedad. La causa está radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°12, Secretaría N°24, en el expediente N° 24334/2017. En una primera instancia de remate, se había establecido un precio de base de US$20MM el cual no contó con oferentes. Luego apareció un segundo llamado en el cual el precio de base fue de US$15MM, aunque tampoco surgieron ofertas. Lo que ocurrió es que para la fecha pactada, los propietarios ya habían invertido montos entre US$120.000 y US$140.000. Partiendo de la base que si el inmueble se hubiera liquidado en US$15MM, descontándole los gastos de la justicia y los abogados, los beneficiarios hubieran recibido alrededor de US$20.000.

 

Pero a pesar de múltiples reclamos a ‘‘Bapro Mandatos y Negocios’’, y al mismo Banco de la Provincia de Buenos Aires, los montos requeridos no fueron devueltos a los depositantes. La entidad se justificaba -según consta en los correos electrónicos a los que se tuvo acceso- que no devolverían el dinero, debido a que por mandato judicial debían esperar a la liquidación del inmueble.

Los centenares de afectados y sus familias reclamaban que se les garantice su propiedad ante el presunto remate del inmueble.

 

Por último, los vecinos aseguraron que estarían dispuestos a renunciar al dinero por la ilusión de tener su hogar, porque han invertido miles de dólares para cumplir el sueño de tener una casa propia. Pero en el caso de que no se les otorgara su propiedad, sostienen que lo mínimo que les correspondería es recuperar sus inversiones para adquirir una nueva.

 

A pesar de los múltiples reclamos por parte de los compradores cuyas fantasías han quedado lentamente en el olvido, también quedaron de igual forma esos edificios. Aquella voluminosa estructura se transformó, lentamente, en el ‘‘elefante blanco’’ de Avellaneda.

 

Al parecer, lo más grande de todo esto no es el condominio ‘‘Estrella del Sur’’, sino la estafa efectuada por empresarios inescrupulosos que defraudaron a más de 900 familias que buscaban comprar una casa para vivir y realizar sus sueños.